La normativa fue sancionada por el Senado con amplio respaldo parlamentario y estará vigente hasta diciembre de 2026. La medida busca fortalecer el financiamiento, asegurar la continuidad de prestaciones y mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.
El Senado de la Nación convirtió en ley la Emergencia en Discapacidad, una medida largamente esperada por organizaciones, profesionales del sector y personas con discapacidad de todo el país. La iniciativa fue aprobada con 55 votos afirmativos, a pesar de la oposición del oficialismo y los intentos del Poder Ejecutivo por frenar la sesión.
La ley, que tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026, establece herramientas clave para que el Estado garantice el cumplimiento efectivo de los compromisos asumidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con jerarquía constitucional en Argentina desde 2014.
Ejes principales de la ley
Entre los aspectos más relevantes de la normativa se destacan:
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La asignación de un financiamiento sostenible para las pensiones no contributivas por discapacidad.
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La actualización de aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral, en línea con las necesidades del sector.
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La garantía de fondos para el funcionamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y sus programas.
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Un régimen especial de regularización de deudas fiscales y previsionales para prestadores.
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La mejora y agilización del trámite del Certificado Único de Discapacidad (CUD), cuya actualización fue señalada como prioritaria por legisladores.
Esta medida fue celebrada por representantes de distintos bloques parlamentarios, quienes destacaron la necesidad de visibilizar a un sector históricamente postergado. “Esta ley de emergencia intenta dar una respuesta mínima pero urgente a miles de personas que hoy ven vulnerados sus derechos”, expresó el senador Luis Juez.
Un escenario complejo: anuncio de veto presidencial
A pocas horas de su aprobación, el presidente Javier Milei confirmó públicamente su decisión de vetar la ley, argumentando que va en contra de su plan económico. En un discurso reciente, aseguró que, en caso de ser necesario, judicializará las medidas.
A pesar de esta postura, la aprobación de la ley representa un fuerte consenso político y social en torno a la urgencia de atender la situación crítica que atraviesan muchas personas con discapacidad y sus familias, como consecuencia del retraso en pagos a prestadores, la falta de actualización de aranceles, y la incertidumbre sobre la continuidad de programas y servicios esenciales.
