Desde hace meses, las personas con discapacidad y sus familias vienen atravesando una situación cada vez más angustiante. A la deuda acumulada con prestadores, la suspensión de terapias y el ahogo financiero de instituciones, ahora se suma un nuevo proyecto impulsado por el Gobierno Nacional que pretende reformar el sistema de pensiones por discapacidad bajo el nombre de "Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez".

El problema no es solamente el nombre. El problema es el mensaje que instala. Porque detrás de la palabra "fraude" se coloca bajo sospecha a miles de personas con discapacidad que dependen de una pensión para poder vivir, rehabilitarse, trasladarse o simplemente sostener tratamientos básicos. Mientras hoy las familias ya están reclamando desesperadamente el pago de prestaciones adeudadas por parte de Incluir Salud —muchas desde diciembre de 2025—, el Estado responde con más controles, más restricciones y menos derechos.

Una realidad que ya está explotando

Las consecuencias del ajuste ya se sienten en todo el país. Centros terapéuticos, transportistas y escuelas especiales advierten que no pueden seguir funcionando por la falta de pago. Profesionales que trabajan hace años con personas con discapacidad hoy sostienen tratamientos prácticamente sin cobrar. Instituciones enteras están al borde del colapso.

Y cuando una prestación se corta, no se corta "un servicio". Se corta una rehabilitación. Se corta una estimulación. Se corta un proceso de aprendizaje. Se corta autonomía. Se corta inclusión.

En discapacidad, el tiempo perdido no vuelve. Cada terapia suspendida puede significar retrocesos neurológicos, emocionales, motrices, cognitivos o conductuales que después son extremadamente difíciles de recuperar.

El nuevo proyecto: más exclusión, menos derechos

El proyecto enviado al Congreso propone medidas que generan enorme preocupación en el sector:

Reempadronamiento obligatorio

Miles de personas deberán volver a demostrar su discapacidad y su situación socioeconómica para conservar una pensión. Esto implica trasladar nuevamente a personas con discapacidad a circuitos burocráticos muchas veces inaccesibles, lentos y revictimizantes. La discapacidad no puede tratarse como una sospecha permanente.

Pensión condicionada a "no poder trabajar"

Uno de los puntos más preocupantes es que se redefine el acceso a la pensión desde la lógica de la "imposibilidad laboral". Esto instala una idea peligrosísima: que si una persona con discapacidad trabaja, entonces no necesita apoyo del Estado. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad dice exactamente lo contrario: el Estado debe promover inclusión laboral, autonomía y vida independiente, no castigar a quien intenta insertarse laboralmente. Obligar a elegir entre trabajar o conservar una pensión no es inclusión. Es exclusión encubierta.

Pensiones sin actualización automática

Eliminar la actualización automática por inflación significa condenar a las personas con discapacidad a perder poder adquisitivo mes a mes. Y en discapacidad, los costos no son opcionales: medicamentos, transporte, acompañantes, terapias, rehabilitación, tecnología adaptada, alimentos y apoyos específicos. Recortar ingresos en este contexto no es una medida administrativa. Es una vulneración directa del derecho a vivir con dignidad.

El riesgo de desmantelar el sistema prestacional

La posible derogación o limitación de normas de emergencia en discapacidad pone en peligro todo el entramado de atención: hogares, centros de día, transportes, escuelas especiales, instituciones de rehabilitación y profesionales independientes. Cuando el sistema deja de financiar prestaciones, las instituciones no "se ajustan": se caen. Y cuando una institución cierra, las personas con discapacidad quedan sin atención.

Lo que está en juego

Esto no es solamente una discusión presupuestaria. Es discutir qué lugar ocupa la discapacidad en la Argentina. Si las personas con discapacidad son sujetos de derecho o simplemente un número a reducir en una planilla de ajuste.

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad —con jerarquía constitucional en nuestro país— obliga al Estado a garantizar protección social, rehabilitación, inclusión, accesibilidad y vida independiente. No a retroceder. No a abandonar. No a convertir derechos en privilegios.

Desde ASAC decimos claramente:

La discapacidad no puede ser la variable de ajuste. Defender las prestaciones es defender tratamientos, rehabilitación, inclusión y dignidad.

Porque cuando una persona pierde una terapia, una prestación o un apoyo, no pierde solamente un servicio. Pierde oportunidades. Pierde autonomía. Pierde calidad de vida. Y como sociedad, eso nos debería doler a todos.