Buenos Aires, Argentina – Más de un tercio de las pensiones por invalidez auditadas por el Gobierno nacional en 2024 fueron dadas de baja. Esta alarmante cifra, que corresponde a 3.854 de las 11.035 evaluaciones realizadas, ha generado una profunda preocupación en organizaciones de derechos humanos. La información fue revelada por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), que accedió a reportes oficiales de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) tras un pedido de información pública, según publicó el diario La Nación.
Contexto y Cifras Clave
El Gobierno argumenta la necesidad de estas auditorías por el incremento significativo de las pensiones por invalidez en los últimos 20 años, pasando de 78.585 a 1.212.187 beneficiarios en la actualidad, según datos de septiembre de 2024 del Boletín Estadístico de la Seguridad Social, citados por ACIJ. En 2024, se enviaron casi 34 mil citaciones para auditorías, aunque una gran parte (más de 16 mil) no llegaron a manos de los beneficiarios. De las personas notificadas que asistieron, el 35% recibió una evaluación desfavorable.
Criterios de Evaluación: Un Debate en el Centro de la Escena
La principal razón detrás de estas bajas, según ACIJ, radica en la modificación de los requisitos para percibir la pensión, que ahora exige acreditar un 66% de invalidez para trabajar. Este criterio es fuertemente cuestionado por organizaciones como ACIJ, la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que lo consideran inconstitucional y regresivo.
Estas organizaciones sostienen que el Decreto 843, que introdujo estos cambios, va en contra de la Convención Internacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad, a la cual Argentina adhiere con rango constitucional. “Que las personas cuenten con un 66% de discapacidad laborativa es el requisito principal para evaluar la continuidad de las pensiones”, señaló a La Nación Eduardo Quiroga, especialista y asesor de ACIJ. Sin embargo, ACIJ argumenta que este enfoque responde a un modelo médico de la discapacidad, contrario al modelo social que establece la Convención.
Desde la perspectiva de las organizaciones, la discapacidad no reside en el individuo, sino en las barreras sociales y prejuicios que impiden la plena inclusión. La incompatibilidad de trabajar y cobrar la pensión, introducida por la normativa actual, también es señalada como una vulneración al principio de vida independiente. Es crucial recordar que, según el último anuario estadístico de la Andis, el 87% de las personas con certificado de discapacidad mayores de 14 años no tiene empleo.
Incertidumbre y Desafíos en la Notificación
La situación se agrava por las denuncias de problemas en la notificación de las auditorías. Cientos de beneficiarios han expresado quejas y consultas a ACIJ y otras organizaciones por no haber recibido las cartas documento para presentarse a las evaluaciones. Esto es crítico, ya que el plazo para presentarse es de 60 días, y el incumplimiento puede llevar a la baja automática de la pensión.
El hecho de que más de 222 mil cartas documento no hayan sido entregadas y que otras 231 mil estén en proceso de distribución, según datos del Jefe de Gabinete citados por ACIJ en La Nación, subraya la magnitud del problema. Para muchas personas, esta pensión representa el único ingreso y les permite cubrir necesidades básicas, además de acceder al programa Incluir Salud para su atención médica.
ACIJ ha reclamado al Estado que realice un esfuerzo por notificar adecuadamente a esta población vulnerable, destacando casos de personas ciegas que recibieron documentación escrita, cambios de domicilio no actualizados, y personas con problemas de salud mental a las que se les exige trasladarse largas distancias para ser auditadas.
Recursos y Próximos Pasos
Ante este escenario, ACIJ ha elaborado guías con información sobre las cartas documento de la Andis y modelos de amparo para la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, que se pueden descargar desde su sitio web.
Las organizaciones esperan los datos de los primeros meses de este año para evaluar la evolución de las auditorías y el porcentaje de bajas, mientras continúan alzando la voz para garantizar la protección social y el respeto de los derechos de las personas con discapacidad en Argentina.
