El Gobierno analiza tocar las leyes de Discapacidad y Universidades a través del Presupuesto 2027

La Casa Rosada apunta a bajar el costo fiscal de dos normas que ya le trajeron dolores de cabeza judiciales y parlamentarios. El objetivo es cerrar el capítulo antes de septiembre, con un pacto amplio con los gobernadores que sostenga las reformas al menos hasta marzo del año próximo.

El Ejecutivo nacional estudia incorporar modificaciones a las leyes de Discapacidad y de Financiamiento Universitario dentro del proyecto de Presupuesto 2027, que según lo previsto ingresará al Congreso antes del 15 de septiembre. Fuentes oficiales consultadas por TN señalan que se trata de una de las alternativas que se están analizando para achicar el impacto fiscal de dos normativas que el oficialismo ya había intentado reformar en diciembre pasado, sin éxito.

Se trata de una definición que todavía no está tomada. En el Gobierno reconocen que la idea sigue en pie, aunque su concreción depende de que la mesa política logre antes los acuerdos necesarios con los mandatarios provinciales y los bloques que responden a Milei. Voceros del Ejecutivo admitieron que el intento de diciembre de 2025 terminó en fracaso.

Un antecedente que dejó lecciones

El repaso interno sobre aquella derrota legislativa combina varios factores: falta de experiencia en el manejo parlamentario, un exceso de confianza tras el resultado electoral y una negociación insuficiente con los gobernadores. En aquella oportunidad, el oficialismo había metido en el Presupuesto 2026 un apartado para eliminar las leyes de emergencia en discapacidad y de financiamiento universitario —ambas vetadas en su momento por Milei y luego repuestas por el Congreso—. La Cámara de Diputados terminó aprobando el Presupuesto en general, pero le bajó el pulgar a ese tramo específico.

Con ese antecedente fresco, en Balcarce 50 quieren evitar que la historia se repita. El plan pasa por llegar a septiembre con compromisos políticos más sólidos, sobre todo de los gobernadores que podrían acompañar tanto la reforma electoral como el propio Presupuesto y otras medidas económicas. La lectura oficial es que, si esos mandatarios quedan del lado de Milei pensando en 2027, van a tener menos motivos para rechazar una ley que el oficialismo considera clave.

El Presupuesto como caja de resonancia fiscal

Para el Gobierno, el proyecto de Presupuesto es el canal más apropiado para ordenar la discusión sobre el gasto. En el entorno presidencial insisten en que la cuestión universitaria y la de discapacidad tienen que discutirse dentro del esquema general de recursos y erogaciones, y no a través de leyes puntuales que disparen gastos por fuera de la planificación financiera del Estado.

El capítulo universitario es, por lejos, el más complicado en términos judiciales. La Corte Suprema convalidó una medida cautelar que exige al Ejecutivo cumplir con dos artículos puntuales de la Ley de Financiamiento Universitario: los referidos a la actualización de los salarios docentes y no docentes, y a la recomposición de las becas estudiantiles. El máximo tribunal no se pronunció sobre el fondo del conflicto, pero mantuvo en pie la orden mientras continúa la causa.

Desde el Gobierno remarcan que el fallo de la Corte no equivale, por ahora, a una condena definitiva sobre la totalidad de la ley. Según explican, lo que está en juego es apenas una parte del costo que implicaría aplicarla por completo, ya que la discusión judicial se limita, por el momento, a los artículos sobre salarios y becas —aunque el expediente sigue abierto y podría influir en la estrategia presupuestaria del año próximo.

Un acuerdo que no alcanzó para bajar el reclamo

La Casa Rosada ya había probado destrabar el conflicto universitario por otra vía, con una oferta que incluyó una recomposición salarial del 24,33%, un incremento del 20% en los fondos para funcionamiento, un refuerzo de $50.000 millones para los hospitales universitarios y una mejora en las becas Manuel Belgrano. Pese a esa oferta, las universidades no dieron de baja el reclamo judicial y dejaron en claro que ese entendimiento no equivalía a cumplir con lo que marca la ley.

En materia de discapacidad, la estrategia oficial apunta en la misma dirección: reabrir la discusión dentro del propio Presupuesto. El oficialismo ya había presentado una iniciativa para reformar la Ley de Emergencia en Discapacidad, centrada en auditorías, un nuevo reempadronamiento, restricciones para acceder a pensiones no contributivas por invalidez laboral y una revisión de cómo se financia el sistema. La apuesta oficial es limitar el gasto y endurecer los controles sobre los beneficios.

Gobernadores, PASO y un tablero más amplio

Todo esto se enmarca en una negociación política de mayor escala. En Balcarce 50 pretenden enviar el Presupuesto 2027 acompañado de un acuerdo general con varios gobernadores aliados, que permita sostener las reformas del Gobierno como mínimo hasta marzo. Según trascendió, ese entendimiento debería incluir apoyo para la reforma electoral, respaldo al propio Presupuesto y acompañamiento a otras iniciativas que puedan generar rechazo en distintos sectores.

Uno de los puntos que el Gobierno considera prioritarios es dejar encaminada la reforma electoral antes de mandar el Presupuesto al Congreso, o al menos llegar a septiembre con esa negociación muy avanzada. La eliminación o suspensión de las PASO ocupa un lugar central en esa agenda: en la mesa política entienden que despejar ese frente ordenaría el escenario electoral y facilitaría los acuerdos de competencia con los gobernadores.

Los números que respaldan el argumento fiscal

El trasfondo fiscal también pesa en la decisión. El informe de avance del Presupuesto 2027 confirma que el proyecto llegará al Congreso antes del 15 de septiembre y que mantendrá el objetivo de superávit fiscal y estabilidad macroeconómica, con metas que apuntan a mayor actividad, empleo e ingresos reales, junto con una baja sostenida de la inflación.

Los datos de ejecución acumulada a mayo de 2026 muestran un superávit primario de $8,4 billones y un resultado financiero positivo de $2,6 billones. En ese mismo lapso, las transferencias a las universidades nacionales sumaron $1,95 billones —un 37,3% de lo previsto en el crédito vigente—, mientras que las prestaciones de la seguridad social, entre ellas las pensiones no contributivas por discapacidad, fueron el principal motor del aumento del gasto primario.

Para el Gobierno, esas cifras confirman que cualquier cambio en el gasto debe ordenarse dentro del propio Presupuesto. El razonamiento que circula en los despachos oficiales es simple: si el Congreso obliga a aplicar leyes con impacto fiscal sin especificar de dónde saldrán los fondos, el oficialismo se verá obligado a compensar con ajustes en otras partidas o con una reestructuración más profunda del esquema de gastos.

La última palabra la tendrá la negociación política. En Balcarce 50 buscan no repetir el traspié de diciembre y afrontar el debate de 2027 con un esquema legislativo más ordenado: gobernadores con motivos para acompañar, reformas ya encaminadas y un Presupuesto que sirva para encuadrar, de una vez, la discusión sobre universidades, discapacidad y el resto de las prioridades fiscales.

Fuente: información publicada originalmente por TN (tn.com.ar).