Ley de Discapacidad: el Senado la aprobó sin votos en contra y ahora la clave es que se cumpla
Con 71 votos afirmativos, la Cámara alta convirtió en ley el proyecto que reemplaza la emergencia por un sistema permanente. Se mantienen la pensión, su compatibilidad con el trabajo registrado y la actualización de las prestaciones por inflación. Falta un paso decisivo: la reglamentación del Poder Ejecutivo.
Después de dos años de reclamos, de marchas frente al Congreso y de una emergencia que vence el 31 de diciembre, las personas con discapacidad y sus familias tienen por fin una ley que no viene con fecha de vencimiento. El jueves 19 de noviembre, el Senado sancionó por unanimidad la Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad. Hubo 71 votos a favor, ninguno en contra y una sola ausencia, la de la senadora Anabel Fernández Sagasti (Unión por la Patria), según informó La Nación. El proyecto ya había pasado por Diputados con un respaldo casi total: 237 votos.
Como explicó Página/12, la nueva norma repite prácticamente todos los beneficios de la Ley 27.793, la de emergencia, pero les quita el carácter transitorio. Y algo no menor: durante su paso por Diputados, la oposición logró incorporar los cambios que venían pidiendo las organizaciones del sector. Así quedaron a resguardo derechos que el Gobierno pretendía recortar a través del proyecto de Presupuesto 2027.
Qué establece la nueva ley
Estos son los puntos centrales del texto aprobado, de acuerdo con la información publicada por La Nación, Página/12 e Infobae:
- Pensión no contributiva. Se mantiene en el 70 % de la jubilación mínima. Los requisitos ahora están fijados por ley, y ya no por decisión del Poder Ejecutivo: tener el Certificado Único de Discapacidad (CUD), pasar por una evaluación socioeconómica y no cobrar ingresos propios iguales o superiores a dos salarios mínimos.
- Pensión y trabajo, compatibles. Quien cobra la pensión puede tener un empleo registrado o estar inscripto en el monotributo sin perderla, siempre que sus ingresos laborales no superen dos salarios mínimos, vitales y móviles.
- Cobertura de salud. Tanto quienes cobran pensión por discapacidad como por invalidez laboral tienen garantizado el acceso a las prestaciones básicas de la Ley 24.901 a través del programa Incluir Salud.
- Prestadores. Se conservan el nomenclador único y el arancel unificado, con actualización mensual de los valores según la inflación. Ese mecanismo había sido eliminado en el proyecto de Presupuesto 2027.
- Deudas atrasadas. El Ejecutivo tendrá 30 días para presentar un cronograma de pagos a los prestadores y un máximo de 90 días para saldar lo que se les adeuda.
- Fondos garantizados. Las partidas del Ministerio de Salud destinadas al sistema no podrán caer en términos reales respecto del año anterior. Si no alcanzan, se cubrirán con recursos del Tesoro.
- Empleo protegido. Sigue vigente la Ley 26.816, que regula los talleres y el empleo protegido para personas con discapacidad.
- Auditorías con derecho a defensa. La Secretaría Nacional de Discapacidad podrá cruzar datos con ANSES, ARCA, Renaper y el SINTyS. Pero ninguna pensión podrá suspenderse sin antes notificar a la persona y darle 60 días para presentar su descargo, con una revisión posterior de la autoridad competente.
Por qué importa a las personas ciegas y con baja visión
Para buena parte de nuestra comunidad, la compatibilidad entre la pensión y el trabajo formal era uno de los reclamos más urgentes. Durante años, conseguir un empleo en blanco podía significar perder un ingreso del que dependía la vida cotidiana, y eso empujaba a muchas personas a la informalidad. Que esa regla quede escrita en una ley, y no librada a una resolución que puede cambiar de un día para el otro, es un avance concreto.
Lo mismo vale para las instituciones que brindan rehabilitación, apoyo educativo, orientación y movilidad o transporte. Con aranceles congelados y pagos atrasados, muchas de ellas quedaron al borde del cierre. La actualización por inflación y el plazo para cancelar las deudas no resuelven todo, pero les devuelven un horizonte.
Hay además un reconocimiento que llegó tarde. Durante el debate, la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, admitió irregularidades en las auditorías que obligaban a los beneficiarios a demostrar una y otra vez su condición de discapacidad, según relató La Nación. Muchas personas ciegas vivieron esa experiencia en carne propia. Desde el kirchnerismo, Juliana di Tullio aportó un dato que ilustra el problema: el Gobierno citó a auditoría al 91 % de los titulares y terminó suspendiendo apenas 141 pensiones. “Dejen de decir que las personas con discapacidad mienten”, reclamó.
Lo que se dijo en el recinto
La sesión duró más de cuatro horas y, más allá de la unanimidad final, dejó a la vista las diferencias de fondo.
“Estamos saliendo de una emergencia, a pocos días de diciembre y generando certeza”, dijo Bullrich antes de la votación. Y sobre la compatibilidad con el empleo, agregó: “Nadie más va a tener que estar esperando para cobrar y ver reconocidos sus derechos”.
Después de la votación, la senadora volvió sobre el tema en sus redes. “La ley de discapacidad es ley”, celebró en X, donde sostuvo que durante demasiado tiempo miles de familias vivieron “con angustia y sin saber qué iba a pasar”. En el mismo posteo destacó el índice actualizado y la garantía de que trabajar no implique perder la pensión, y advirtió sobre consecuencias para quienes falsifiquen o se aprovechen de esta ayuda.
LA LEY DE DISCAPACIDAD ES LEY
— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) Ver el posteo en X
Durante demasiado tiempo, miles de personas con discapacidad y sus familias vivieron con angustia y sin saber qué iba a pasar. Había que dejar atrás las disputas y encontrar soluciones concretas. […]
El miembro informante fue el libertario Agustín Monteverde, presidente de la comisión de Presupuesto, que defendió la necesidad de “reglas estables” para dar previsibilidad a beneficiarios y prestadores. Desde la vereda de enfrente, Alicia Kirchner, titular de la comisión de Población y Desarrollo Humano, coincidió en que la ley era imprescindible, aunque advirtió que “no quiere decir que no falten cosas por hacer”. Su principal preocupación es que buena parte de la gestión pase por las oficinas de ANSES: según dijo, hay 427 centros en todo el país y duda de que tengan capacidad operativa para absorber la tarea.
La radical Mariana Juri (Mendoza) puso el acento en el futuro inmediato: “No nos conformemos hoy con sancionar la ley. No nos distraigamos”, pidió, en referencia a que el Presupuesto 2027, que todavía se discute en Diputados, debe incluir los fondos necesarios.
Las palabras del papa León XIV durante su reciente visita al Cottolengo Don Orione de Claypole atravesaron todo el debate. “El progreso de la patria se mide en la capacidad de acoger a las personas con discapacidad y necesidades diferentes”, fue la frase más repetida. La senadora Ana Marks (PJ) pidió que no quedaran en “palabras vacías”. El cierre más recordado, quizás, fue el de Martín Goerling (PRO, Misiones):
“La esperanza no puede tener fecha de vencimiento”.
Lo que todavía falta
Que la ley esté sancionada no significa que ya esté funcionando. Ahora el texto pasa al Poder Ejecutivo, que debe reglamentarla y, como recordó Infobae, conserva la facultad de vetarla en forma parcial o total.
No sería la primera vez: la ley de emergencia también fue vetada, ese veto fue rechazado por ambas cámaras y el conflicto terminó en la Justicia. Por eso, desde la bancada peronista pusieron en duda las intenciones del Gobierno. “Hay que ver la reglamentación, el financiamiento y si cumplen”, planteó Eduardo “Wado” de Pedro (Unión por la Patria).
Aun así, La Nación señala que un nuevo veto sería difícil de sostener: el oficialismo no tendría los votos para hacerlo y dejaría expuestos a los propios legisladores libertarios que negociaron el texto. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, citada durante la sesión, el costo estimado es de unos 600.000 millones de pesos para este año y de 1,2 billones para 2027.
Nuestra mirada
Esta ley es fruto de la persistencia de las personas con discapacidad, sus familias, los prestadores y las organizaciones que no dejaron de reclamar. Es un paso enorme, pero no el último. Desde ASAC vamos a seguir de cerca la reglamentación, el cumplimiento de los plazos de pago y la asignación de fondos en el Presupuesto 2027, para que lo que hoy está escrito en el papel llegue de verdad a la vida de cada persona ciega o con baja visión.
Fuentes: La Nación, “Aprueban la nueva ley de Discapacidad y reclaman que el Gobierno cumpla con su reglamentación”; Página/12, “El Senado aprobó por unanimidad la nueva Ley de Discapacidad”; Infobae, “El Senado sancionó por unanimidad la nueva ley de discapacidad con los cambios que pidió la oposición”.