Buenos Aires, Argentina<\/b> – M\u00e1s de un tercio de las pensiones por invalidez auditadas por el Gobierno nacional en 2024 fueron dadas de baja. Esta alarmante cifra, que corresponde a 3.854 de las 11.035 evaluaciones realizadas, ha generado una profunda preocupaci\u00f3n en organizaciones de derechos humanos. La informaci\u00f3n fue revelada por la Asociaci\u00f3n Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), que accedi\u00f3 a reportes oficiales de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) tras un pedido de informaci\u00f3n p\u00fablica, seg\u00fan public\u00f3 el diario La Naci\u00f3n.<\/p>\n
<\/p>\n
El Gobierno argumenta la necesidad de estas auditor\u00edas por el incremento significativo de las pensiones por invalidez en los \u00faltimos 20 a\u00f1os, pasando de 78.585 a 1.212.187 beneficiarios en la actualidad, seg\u00fan datos de septiembre de 2024 del Bolet\u00edn Estad\u00edstico de la Seguridad Social, citados por ACIJ. En 2024, se enviaron casi 34 mil citaciones para auditor\u00edas, aunque una gran parte (m\u00e1s de 16 mil) no llegaron a manos de los beneficiarios. De las personas notificadas que asistieron, el 35% recibi\u00f3 una evaluaci\u00f3n desfavorable.<\/p>\n
<\/p>\n
La principal raz\u00f3n detr\u00e1s de estas bajas, seg\u00fan ACIJ, radica en la modificaci\u00f3n de los requisitos para percibir la pensi\u00f3n, que ahora exige acreditar un 66% de invalidez para trabajar<\/b>. Este criterio es fuertemente cuestionado por organizaciones como ACIJ, la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que lo consideran inconstitucional<\/b> y regresivo<\/b>.<\/p>\n
Estas organizaciones sostienen que el Decreto 843, que introdujo estos cambios, va en contra de la Convenci\u00f3n Internacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad, a la cual Argentina adhiere con rango constitucional. “Que las personas cuenten con un 66% de discapacidad laborativa es el requisito principal para evaluar la continuidad de las pensiones”, se\u00f1al\u00f3 a La Naci\u00f3n Eduardo Quiroga, especialista y asesor de ACIJ. Sin embargo, ACIJ argumenta que este enfoque responde a un modelo m\u00e9dico de la discapacidad<\/b>, contrario al modelo social<\/b> que establece la Convenci\u00f3n.<\/p>\n
Desde la perspectiva de las organizaciones, la discapacidad no reside en el individuo, sino en las barreras sociales y prejuicios que impiden la plena inclusi\u00f3n. La incompatibilidad de trabajar y cobrar la pensi\u00f3n, introducida por la normativa actual, tambi\u00e9n es se\u00f1alada como una vulneraci\u00f3n al principio de vida independiente. Es crucial recordar que, seg\u00fan el \u00faltimo anuario estad\u00edstico de la Andis, el 87% de las personas con certificado de discapacidad mayores de 14 a\u00f1os no tiene empleo.<\/p>\n
<\/p>\n
La situaci\u00f3n se agrava por las denuncias de problemas en la notificaci\u00f3n<\/b> de las auditor\u00edas. Cientos de beneficiarios han expresado quejas y consultas a ACIJ y otras organizaciones por no haber recibido las cartas documento para presentarse a las evaluaciones. Esto es cr\u00edtico, ya que el plazo para presentarse es de 60 d\u00edas, y el incumplimiento puede llevar a la baja autom\u00e1tica de la pensi\u00f3n.<\/p>\n
El hecho de que m\u00e1s de 222 mil cartas documento no hayan sido entregadas y que otras 231 mil est\u00e9n en proceso de distribuci\u00f3n, seg\u00fan datos del Jefe de Gabinete citados por ACIJ en La Naci\u00f3n, subraya la magnitud del problema. Para muchas personas, esta pensi\u00f3n representa el \u00fanico ingreso<\/b> y les permite cubrir necesidades b\u00e1sicas, adem\u00e1s de acceder al programa Incluir Salud para su atenci\u00f3n m\u00e9dica.<\/p>\n
ACIJ ha reclamado al Estado que realice un esfuerzo por notificar adecuadamente<\/b> a esta poblaci\u00f3n vulnerable, destacando casos de personas ciegas que recibieron documentaci\u00f3n escrita, cambios de domicilio no actualizados, y personas con problemas de salud mental a las que se les exige trasladarse largas distancias para ser auditadas.<\/p>\n
<\/p>\n
Ante este escenario, ACIJ ha elaborado gu\u00edas con informaci\u00f3n sobre las cartas documento de la Andis y modelos de amparo para la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, que se pueden descargar desde su sitio web.<\/p>\n
Las organizaciones esperan los datos de los primeros meses de este a\u00f1o para evaluar la evoluci\u00f3n de las auditor\u00edas y el porcentaje de bajas, mientras contin\u00faan alzando la voz para garantizar la protecci\u00f3n social y el respeto de los derechos de las personas con discapacidad en Argentina.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Buenos Aires, Argentina – M\u00e1s de un tercio de las pensiones por invalidez auditadas por el Gobierno nacional en 2024 fueron dadas de baja. Esta alarmante cifra, que corresponde a 3.854 de las 11.035 evaluaciones realizadas, ha generado una profunda preocupaci\u00f3n en organizaciones de derechos humanos. La informaci\u00f3n fue revelada por la Asociaci\u00f3n Civil por […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":2928,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_joinchat":[],"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-2927","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-uncategorized"],"acf":[],"yoast_head":"\n